El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Elvira, abrió la posibilidad de negar la autorización de impacto ambiental al proyecto para construir el nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario en el “ombligo verde”, que se disfrazó con el nombre de “Quinta La Costa”, debido a que el ayuntamiento de Benito Juárez inició las obras sin contar con dicha autorización.

A propósito de violaciones al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), Elvira Quesada reveló ayer que existen 30 proyectos detenidos en Quintana Roo, debido a que iniciaron su construcción sin contar con la autorización de impacto ambiental a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico (Legeepa).

Uno de esos proyectos es el de la construcción del nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, que busca, ya iniciado el desmonte, la autorización que debió solicitar a la Secretaría, desde un principio.

“Tenemos en Quintana Roo alrededor de 30 proyectos que fueron detenidos en su momento por falta de manifestación de impacto ambiental, por falta de cambio de uso de suelo y algunos otros incluso por falta de concesión de zona federal, y los proyectos están detenidos. Seguiremos manteniendo esa presión”, dijo, para luego informar que sostendría una reunión con empresarios locales, sin dar mayores detalles sobre el tema.

Entrevistado por separado, el subsecretario de esa misma Secretaría, Mauricio Limón, aclaró que desde un principio el ayuntamiento de Benito Juárez debió presentar el proyecto a evaluación de la dependencia federal, como lo establece el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), independientemente de haber obtenido el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, como resultado de la aprobación del Informe Técnico Justificativo (ETJ).

“El artículo 28 de la Legeepa es muy claro al señalar que las obras o actividades que se pretenda desarrollar en zonas en donde exista vegetación forestal, como es el caso, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado por el gobierno federal, a través de la Semarnat”, expresó.

Al señalarle que el alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, se ha escudado en que cuenta con un Informe Preventivo que emitió el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del gobierno del estado, Limón Aguirre dijo desconocer por qué razón la autoridad estatal aceptó resolver un trámite para el cual no es competente.

El funcionario federal informó que al momento, la comuna sólo cuenta con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, expedido el 15 de diciembre pasado para el proyecto denominado “Gran Parque Bicentenario”.

Sin embargo, dio un dato inquietante, al manifestar que el gobierno municipal solicitó ese cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desmonte del predio conocido como “ombligo verde”, por una extensión de 20 hectáreas.

El punto es que dicho predio no alcanza ni las 10 hectáreas de terreno, porque mide máximo 8.7 hectáreas.

En cuanto a la carencia de la autorización de impacto ambiental, el también abogado reiteró:

“El hecho de que cuenten con la autorización para el cambio de uso de suelo, no les da la autorización para construir en ese terreno en virtud que se requiere la Manifestación de Impacto Ambiental por tratarse de un terreno forestal”.

En tanto, Elvira Quesada aseguró que “personalmente” dará seguimiento al caso y garantizó que, ante el asomo de violaciones al marco legal -como el hecho de haber iniciado obras y desmontes de selva  baja y media, lo que incluye la afectación de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 050- “es factible” que la autorización de impacto ambiental al gobierno municipal les sea negada.

“Nosotros no tenemos contemplado en privilegiar absolutamente a nadie; no hemos recibido, ni permitido presiones absolutamente de nadie”, dijo.

En ese tenor, rechazó que por ser promovida por una autoridad, se le dé algún tipo de preferencia. “No seremos objeto de ninguna presión, ni la vamos a recibir”, aseguró.

Limón Aguirre, aparte, indicó que, en caso de negarse la autorización, se obligaría a la comuna a restaurar toda la cobertura vegetal que destruyó.